Contexto internacional

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la protección social es un derecho humano fundamental que puede ser vital para las personas mayores, ya que les permite manejar los riesgos financieros y las protege de la pobreza. La falta de seguridad económica en la vejez es un gran obstáculo para un envejecimiento activo y para reducir las inequidades en salud. La prevalencia de la pobreza entre las personas mayores en comparación con la población general varía considerablemente a nivel mundial. En los países de la OCDE, las personas mayores que viven solas, en su mayoría viudas, corren mayor riesgo de pobreza, con índices que superan el 40% en muchos países.

La Seguridad Social se entiende internacionalmente como una protección necesaria para asegurar el acceso a la asistencia médica de las personas y garantizar la seguridad del ingreso económico en caso de Vejez, Desempleo, Enfermedad, Invalidez, Accidentes del trabajo, Maternidad, Pérdida del sostén de familia. Los principios fundamentales que rigen la Seguridad Social son la Solidaridad, Universalidad y Participación. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que “la Seguridad Social es un Derecho Humano y es de responsabilidad del Estado garantizar que la vejez como otras contingencias sociales no impacten negativamente la dignidad y calidad de vida de las personas”. El Sistema Previsional de los estados organiza las medidas de protección social a través de cuatro áreas: Sistema de Pensiones, Sistema de Salud, Seguridad y Salud en el Trabajo, Régimen de Desempleo y Cesantía.

Las Naciones Unidas considera que uno de los desafíos centrales de las políticas públicas basadas en derechos es determinar la forma de contribuir a la construcción de una sociedad con cabida para todas y todos, donde las personas, con independencia de su edad o de otras diferencias sociales, tengan las mismas oportunidades para hacer efectivo el respeto y ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Sin embargo, hasta hace poco ninguno de los instrumentos de derecho internacional consideraba a las personas mayores como sujetos de derecho específico. Instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos incluía la situación de los adultos mayores como “cualquier otra condición social”. Ambigüedades similares son manifiestas en el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para mejorar el estatus de los adultos mayores como sujetos de derecho, la Organización de Estados Americanos (OEA) promulgó el 29 de septiembre del 2017 la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores (Decreto 162/2017), que consiste en instrumentos de derechos humanos jurídicamente vinculante para los estados que la ratifican, incluyendo a Chile, que considera a las personas mayores como titulares de derechos específicos. Los estados que suscriben a la Convención tienen la obligación a nivel nacional e internacional de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, garantizar su libre y pleno ejercicio y reparar en caso de incumplimiento. La Convención es considera por la Organización Panamericana de la Salud como un instrumento esencial para apoyar sus los esfuerzos de mejorar la calidad de vida y la atención de salud de los adultos mayores en la Latinoamérica.

La Convención tiene como premisa básica, el reconocimiento que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas y que cada una, en la medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, reconociendo sus valiosas contribuciones actuales y potenciales a sus comunidades, sin discriminación fundada en la edad, ni sometida a ningún tipo de violencia. Bajo esta premisa, cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos de la Convención por un estado parte.

Situación en Chile

El sistema de protección social formal está bajo la responsabilidad del Estado. Incluye a una serie de políticas, programas y entidades que buscan prevenir y proteger a la sociedad, especialmente a grupos vulnerables, de los riesgos asociados con la enfermedad, vejez, invalidez y desempleo, además de la falta de posibilidad propia de acceder a beneficios sociales como educación, atención sanitaria, o tener ingresos económicos. La función pública de la protección social puede tener una modalidad de asistencia social no contributiva, de seguro social o seguridad social (protección social contributiva), y de protección de riesgos y personas vulnerables a ellos. En Chile conviven estas tres modalidades.

La Institucionalidad Pública encargada de la temática de vejez y envejecimiento es el Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA (Ley 19.828). SENAMA tiene como funciones genéricas el proponer las políticas destinadas a lograr la integración familiar y social efectiva del adulto mayor (sobre 60 años de edad), y la solución de los problemas que lo afectan. Entre sus funciones específicas están el establecimiento de políticas, planes y programas para el adulto mayor, la coordinación con organismos públicos y privados (con o sin fines de lucro) en temas de adulto mayor, además de supervisar a organismos privados. SENAMA también tiene como función informar a la población sobre las temáticas relacionadas al adulto mayor.

En el marco de la seguridad social, el sistema de pensiones es el mecanismo de protección social que provee el ingreso a las personas que pierden su independencia económica debido a la edad avanzada, discapacidad, o fallecimiento de una fuente principal de ingreso familiar. Chile fue el primer país de América Latina que estableció en 1924 una política pública de previsión social bajo la modalidad de reparto que se financiaban con aportes del empleador, recursos estatales y un porcentaje del sueldo de los trabajadores. Desde el año 1980, el actual sistema de pensiones en Chile se basa en el modelo de administradoras de fondos de pensiones (AFP, Ley 3500), estableciendo un mecanismo de financiamiento individual con el objeto de costear su pensión. Desde la reforma al sistema de pensiones del año 2008, alrededor de 1.200.000 personas son beneficiarios del sistema de pensión solidario, incorporando entre otras medidas un pilar solidario con financiamiento estatal.

La tasa de contribución a las pensiones en Chile bordea el 12,4%, proveniente mayormente del empleado, con una contribución del empleador de sólo un 1,15%. La prioridad del Estado es que aumenten los recursos destinados a sistemas de pensiones, debido a esta baja tasa de contribución. Este es un tema prioritario dada la relación estrecha que hay entre lo que se contribuye al sistema de pensiones y los beneficios que las personas mayores obtienen al jubilar. En cuanto al monto de las pensiones, la encuesta CASEN 2015 sobre previsión social aplicada entre noviembre de 2015 y enero de 2016, arrojó que las pensiones promedio que de personas jubiladas en hogares del decil de más altos ingresos son un 347,5% mayores que las del decil más bajo de ingresos, es decir, de la gente más pobre, reproduciendo la brecha salarial que existe en el país. La pensión promedio de una persona de altos ingresos (décimo decil) asciende a $512.468 mensual mensual (año 2015), mientras una persona del primer decil obtiene $114.527. La encuesta CASEN también evidenció brechas importantes entre hombres y mujeres, ya que el promedio de la jubilación de un hombre ($256.858) es superior en un 40% al de una mujer ($183.045).

Según la última Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez, realizada por la Universidad Católica y Caja de Compensación los Andes, el 76% de los encuestados mencionaron haber recibido algún tipo de jubilación o pensión por haber dejado de trabajar. La edad promedio de jubilación se mantiene cerca de los 62 años, siendo para los hombres en promedio de edad los 62.4 y las mujeres 61 años. El 82% de los encuestados señala estar en desacuerdo con el aumento de la edad legal de jubilación. Los bajos montos de las pensiones obligan a las personas mayores a seguir trabajando. Entre los encuestados, uno de cada cuatro personas jubiladas continúan trabajando, y la mayoría de los adultos mayores que han trabajado el último mes, lo hicieron por necesidad económica.

En Octubre de 2017, el Estado de Chile ratifica por decreto la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA, donde se estipulan 27 derechos fundamentales cuyo cumplimiento se asume como obligación por la Institucionalidad. Aquellos derechos relacionados con la dependencia funcional y los cuidados tienen una relevancia central para el quehacer de la política pública, considerando el alto impacto que estos fenómenos tienen en la calidad de vida y las condiciones materiales de las personas mayores, así como también para sus familias. De esta manera, la convención protege, por ejemplo, el derecho a la independencia y autonomía, resguardando la capacidad de decisión de las personas de elegir donde residir y ser cuidados, orientándose también a garantizar el acceso a servicios. También es posible observar que la convención se orienta a establecer los marcos regulatorios, capacidades y avances legislativos necesarios para que los servicios operen de manera adecuada, prestando asistencia también a las familias.

El Estado de Chile comienza a considerar e incorporar en sus políticas públicas la necesidad de asegurar derechos para las personas que residen en instituciones, orientándose no sólo a proveer cuidados, si no también a acompañar, rehabilitar y recuperar, tomando en cuenta siempre la dignidad, requerimientos y preferencias de las propias personas mayores. A través del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el estado ha generado un modelo de establecimientos de larga estadía (ELEAM) guiado por el Enfoque de Derechos y con un énfasis especial en aspectos relativos a la salud, funcionalidad, vinculación social, participación y autonomía, indicadores clave de la calidad de vida de las personas mayores. Dentro de este marco, se ha avanzado en la creación de protocolos de atención que de alguna manera operacionalizan y concretizan el enfoque de derechos y la Atención Centrada en la Persona, que en la actualidad se están comenzando a implementar en establecimientos dependientes del Estado.

Desde la política de envejecimiento positivo, uno de sus ejes de trabajo es el envejecimiento seguro, el que busca: mejorar los beneficios en el pilar solidario, diferenciados poedad ;pagar complemento a las pensiones del sistema de ahorro individual, actual y futuro, será mayor para las mujeres; aumentar cotizaciones, con cargo al empleador para mejorar pensiones a largo plazo, implemental gradualmente “seguro social de la dependencia” para personas mayores que requieran ayuda de terceros en el desarrollo de las actividades de la vida diaria (AVD) y fortalecer la red de Centros de Día y red de Centros de Larga Estadía. (SENAMA 2018) 

Acciones sugeridas

Establecer desde los Municipios educación y orientación respecto a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las personas mayores, información que debiera ser entregada tanto a funcionarios como a la comunidad en su totalidad. Generando conciencia de manera transversal en la sociedad sobre los derechos de las personas mayores.

Organizar programas, servicios y prestaciones distinguiendo los niveles de dependencia de las personas mayores

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