Radiografía a la vejez en Chile: listas de espera, residencias informales y debate por rol del Estado

Dicen en La Moneda que es uno de los temas que más preocupan al Gobierno. De ahí que el ministro Alfredo Moreno y la Primera Dama Cecilia Morel tengan la materia como prioridad. Actualmente, el Ejecutivo prepara cuatro ejes de un plan interministerial que busca acabar con problemas históricos, como la coordinación entre Estado y una sociedad civil que reclama más apoyo.

Ya hay muchos en el Gobierno y los pasillos de La Moneda, que la están llamando la pandemia del siglo XXI. Al mismo Presidente Sebastián Piñera se le ha escuchado decir que es el tema que marcará la discusión de las políticas públicas en el futuro, mucho más que cualquier otro.

Se trata del envejecimiento de la población, de las iniciativas para que los adultos mayores tengan mejor calidad de vida y de las fórmulas para integrar a este sector de los chilenos a las políticas públicas. Incluso, la posibilidad de que se desencadene una crisis de capital humano y severas consecuencias para el crecimiento del país ya se ha instalado en la agenda del Gobierno.

En el Ejecutivo hay un número que da vueltas. Según las estimaciones demográficas, se espera que para 2025, en solo siete años más, la cantidad de adultos mayores sea un 25% del total de la población e iguale, o supere, a la cantidad de menores de 15 años. No es casual, entonces, que este tema haya sido puesto como una de las prioridades de gobierno y que el Presidente haya asignado a la Primera Dama, Cecilia Morel, en un rol central de las políticas del área (ver recuadro). Quien se reúne con ella de forma casi semanal es el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, el que, junto al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), tiene el encargo especial de Piñera de encabezar una serie de reformas normativas y presupuestarias al respecto.

Una política abandonada

Uno de los aspectos más complejos del sistema, de acuerdo a los expertos, es la oferta y demanda de los Establecimientos de Larga Estadía para los Adultos Mayores (ELEAM), nombre técnico de los hogares y residencias para ancianos con alta dependencia.

La oferta es casi monopolizada por fundaciones de la sociedad civil, que ofrece 5.707 camas. En contraste, la oferta 100% estatal es de 658 camas.

En total son 742 ELEAM en todo el país, entre centros públicos y privados. Algo que, según la Fundación Oportunidad Mayor, es totalmente insuficiente, por cuanto faltarían, al menos, 350 centros más. Por esto, en el Estado hay 610 personas en lista de espera y en las fundaciones, al menos 1300.

Esta carencia ha generado la proliferación de centros clandestinos, o en terminología técnica, “no registrados”, debido a que no cumplen con las exigencias de la Seremi de Salud, correspondientes sobre todo a medidas de infraestructura y seguridad, como piezas apropiadas, calefacción, espacios públicos y personal calificado.

Según un estudio de académicos de la Universidad Católica y expertos de la Cepal, los centros no registrados llegaban a 624 en 2014. Hoy, de acuerdo a la Fundación Las Rosas, estos serían prácticamente equivalentes a los oficiales, estimados en 742, o incluso más. Algunos dicen que son miles.

No existe hoy un registro oficial -aunque las fundaciones están pidiendo que el Senama elabore uno- sobre esta problemática. ¿La razón? La difícil fiscalización del tema debido a la falta de denuncias.

“Este año hemos fiscalizado 123 ELEAM no registrados e iniciado sumarios en 82 de ellos. La fiscalización se hace, pero efectivamente es muy complicado cerrarlos. Esto es porque la gente deja abandonados a sus familiares en lugares con mucha precariedad, pero si estos se cierran, no tienen donde ir”, explica Rosa Oyarce, seremi de Salud Metropolitana.

Precisamente este tema, el abandono, es otro de los más acuciantes del área. Según cuenta el padre Andrés Ariztía, capellán de Fundación Las Rosas, un 50% de los residentes en sus hogares no recibe absolutamente ninguna visita. Él explica que están pidiendo al Estado cambios legales que fomenten más responsabilidad en los ciudadanos a este respecto, sin descartar, incluso, la posibilidad de multas. “La ley podría obligar a los familiares. Hay que discutirlo y resolverlo. Podría exigir que cada residente tenga que tener por ley un apoderado que participe y responda”.

Sobre esto, Octavio Vergara, director del Senama, reconoce que es un tema sobre el que se está trabajando. “El abandono es un tema brutal y nos interesa mucho poder hacernos cargo del punto de vista legislativo. Hemos trabajado con distintos parlamentarios, desde el ámbito legislativo, para buscar sanciones más duras”.

Otro punto que en las distintas fundaciones califican como “dramático” es el poco o casi nulo acceso que la clase media tiene a los hogares que ayudan a cuidar a personas mayores con dependencia. Esto, debido a que la oferta se divide en las llamadas “senior suites” -cuyo costo, solo considerando hotelería, se acerca a los 3 millones de pesos- y los hogares de las fundaciones y el Estado, destinados exclusivamente a los sectores más pobres.

“El pago se lo lleva la clase media, las familias de la clase media. Ellos se tienen que hacer cargo”, explica Consuelo Moreno, directora ejecutiva de Fundación Oportunidad Mayor. Esto, agrega, genera problemas dentro de los núcleos familiares. “Hay personas que no tienen vacaciones ni descansos desde hace 10 años”, cuenta. Esto muchas veces desemboca en maltratos. Coincide con ella el padre Ariztía, quien llama a los adultos mayores de clase media a “que su patrimonio, en primer lugar, es para sus propios cuidados, no para la herencia”.

El principal problema, afirman en el Ejecutivo, es la imagen que hay en Chile sobre la vejez, la cual no permite al adulto mayor entrar al mercado laboral, ni interesados en trabajar en el cuidado de estas personas, ni pensiones. Un ejemplo es que en el país solo hay 100 geriatras -ninguno en regiones-, cuando el estándar internacional aceptable es de 500.

Reforma del Gobierno

Para las fundaciones que se dedican al cuidado y el estudio de la vejez, la realización del Consejo Ciudadano del Adulto Mayor -la semana pasada- fue un hecho político. El primer hito, explican.

“Es un cambio político muy trascendental, que va a hacer posible llegar a una solución. Sobre todo porque lo que pasaba antes es que no pasaba nada. La sociedad civil se ha hecho cargo de los adultos mayores con vulnerabilidad, históricamente”, dice Ariztía. Consuelo Moreno agrega que en la sociedad civil solían contar las veces en que la materia era mencionada en las cuentas públicas. “Siempre era una vez. Con relación al bono bodas de oro. Nada más”.

En este contexto, el Gobierno prepara varias reformas, que incluirán la participación de varios ministerios, como Trabajo, Salud, Obras Públicas y Transportes.

“Aparte de lo que hace directo a través del Senama, este ministerio va a tener que tener un rol coordinador, porque las políticas con la vejez cruzan a todos los ministerios. Y, además, no estamos hablando solo de políticas, sino de servicios que se pueden prestar y un cambio de visión respecto de esa etapa de la vida”, explica el ministro Moreno.

La idea es que el secretario de Estado tenga un rol central en el acercamiento con los empresarios y las fundaciones, por su experiencia en ambos rubros. Esto, principalmente para motivar y negociar políticas que permitan el ingreso de los adultos mayores que lo deseen al mercado laboral.

“Más del 80% de los adultos mayores son autovalentes, en condiciones de trabajar. Y hay muchos que sí quieren tener una actividad. Aunque muchas veces esa actividad es diferente a la de las personas más jóvenes. Eso impone un desafío en materia de flexibilidad y requerirá cambios legislativos y negociaciones”, dice.

Es solo una parte de los desafíos de un sector donde reina el abandono.

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